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CONVOCATORIA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE UNA COORDINADORA NACIONAL MINEROENERGÉTICA
“Articular la resistencia a la locomotora Mineroenergética y proponer alternativas al modelo extractivista.”
Cartagena de Indias 3, 4 y 5 de Diciembre de 2014.

Somos trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas, pequeños mineros, indígenas, jóvenes, estudiantes, ambientalistas, pobladores urbanos, académicos e intelectuales del territorio colombiano que venimos haciendo resistencia a los impactos de la política extractivista minero-energética. Y nuestro horizonte es iniciar un proceso de construcción de una propuesta de política mineroenergética acorde a los intereses de las mayorías del país.

Por Poder y Unidad Popular

La creciente movilización campesina en el país produjo un esperanzador ascenso en las luchas sociales, el movimiento popular y el campo democrático. Paralelamente, el Gobierno de Juan Manuel Santos insiste en legislar en favor de acaparadores y especuladores de tierra, a partir de  la creación de las zonas de interés de desarrollo rural y económico, contenidas en el proyecto de ley 133 del 2014, que legaliza la usurpación de terrenos baldíos en detrimento en lo establecido en la ley 160, y en consecuencia, de familias campesinas pobres, profundizando un modelo agrario favorecedor de la concentración de la tierra y la prolongación del despojo.

 

El mismo día que instalaba la mesa de negociación con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, el Gobierno Nacional radicó en el Congreso el Proyecto de Ley número 133 de 2014. Además de legalizar las apropiaciones realizadas a través de distintas figuras fraudulentas que han conducido a la apropiación indebida de los bienes públicos de la nación, este proyecto de ley conducirá a agudizar la concentración de la tierra y a perpetuar el modelo agroindustrial en detrimento de otras alternativas que garantizan los derechos del campesinado a la tierra y al territorio, la soberanía alimentaria y el cuidado de los recursos naturales. Más aún, el proyecto de ley burla una sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin efecto dos disposiciones casi idénticas del Plan Nacional de Desarrollo presentado en el primer mandato de Santos, y constituye un desconocimiento de los mandatos constitucionales frente a los campesinos y trabajadores agrarios, así como de los diálogos que ha emprendido el Gobierno con sectores campesinos y populares.

foto: fotopaís

Por: Carlos Mario Marín Ossa*
        @MarioossaM

Este seis de noviembre, se dan a conocer nuevamente y por cuarta vez, los resultados del estudio Pereira ¿Cómo vamos?, una iniciativa del sector empresarial y la academia, sectores que aunque se oculte, en gran medida han participado en el pasado y en el presente del ascenso de la clase política que hoy “desgobierna” el departamento y sus municipios con muy pocas excepciones.

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