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Constancia en Senado sobre caso Hacienda Bellacruz Destacado

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Constancia en Senado sobre caso Hacienda Bellacruz www.nvinoticias.com

El pasado jueves 12 de mayo, la Corte Constitucional tomó una decisión histórica para el campesinado colombiano.

Por seis votos contra uno, la sala plena de la Corte falló una tutela interpuesta por los campesinos de la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (ASOCOL) y coadyuvada por la Asociación Campesina de Desplazados al Retorno (ASOCADAR), organizaciones que agrupan a las víctimas de la conocida Hacienda Bellacruz, el cual es uno de los casos emblemáticos del despojo al que han sido sometidos millones de personas humildes en el campo colombiano. Por más de dos décadas, los campesinos desplazados han luchado por su derecho a la tierra, a la restitución de su territorio, a la verdad, la justicia y a la reparación. El fallo de la Corte en favor de las familias campesinas es un paso histórico para quienes luchan por su tierra y por la justa restitución que revierta el despojo.

En su trascendental fallo, la Corte Constitucional reconoció que hay baldíos dentro de la Hacienda Bellacruz y que hubo despojo. Ambas son situaciones negadas por la empresa que hoy se reputa como dueña de la totalidad de la hacienda, y que ha pretendido eximir su responsabilidad de la adquisición de tierras sobre las que pesaban decisiones administrativas que indicaban que allí sí había baldíos, y en las que además había una disputa violenta por la tierra, provocada por terratenientes y paramilitares. En concreto, según datos de la prensa, la Corte reconoce validez a las resoluciones del Incora de 1990 y 1994, en las que se declaraba la existencia de baldíos en la hacienda, y la de resoluciones de 2013 que ordenaban su recuperación. De esta manera, dejaría sin efecto las más recientes decisiones del Incoder del 2015, expedidas por el entonces Subgerente de Tierras, Carlos Ignacio Carmona, en las que se pretendía devolver el proceso agrario 20 años, favoreciendo así los intereses de la empresa y dilatando la garantía de los derechos de los campesinos y campesinas. Asimismo, de acuerdo con información de medios de comunicación, la Corte ordenará a la Unidad de Restitución de Tierras microfocalizar la zona y restituir tierras allí donde hubieren sido despojadas a campesinos de la misma hacienda. La nueva Agencia Nacional de Tierras tendrá en sus manos la misión de cumplir con este fallo, el cual deberá ser acompañado por todas las entidades competentes y nosotros también haremos un riguroso seguimiento a su cumplimiento. 

Este modelo de concentración de tierras, apropiación de baldíos de la nación de parte de poderosos empresarios y desarrollo de proyectos agroindustriales sobre territorios despojados, es el que el gobierno quiere institucionalizar para el campo colombiano. La Ley Zidres, aprobada el año anterior, cuya reglamentación se adelanta de manera diligente, va en esa dirección. El Presidente Santos la firmó en Orocué, Casanare, tierra de violencia y desplazamiento. De otro lado, se anuncia que la primera Zidres quedará en el Porvenir, tierra despojada por Carranza. Esperamos otra acertada decisión de la Corte frente a la demanda que presentamos el pasado 4 de marzo y que ya fue admitida. Declarar la inconstitucionalidad de las Zidres sería otro paso importante en la reivindicación de los derechos del campesinado. 

ALBERTO CASTILLA SALAZAR
Senador de la República
Polo Democrático Alternativo

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