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En Cali también reclaman un techo digno Destacado

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Santiago de Cali, una ciudad con  479 años, con gente cálida, amable y alegre, conocida como la sucursal del cielo, con una población aproximada de 2.319.655 habitantes, atraviesa hoy graves problemas de vivienda.

En la actualidad cuenta con amplio número de asentamientos informales, invasiones de tierras que datan de finales de la década del setenta y comienzos de los ochenta, desalojos y malas condiciones de reubicación. Los habitantes de estos asentamientos, se caracterizan por ser de bajos recursos económicos, desplazados, bajos nivel académico, lo que demuestra una alta incidencia en sus necesidades básicas insatisfechas.  

Teniendo en cuenta la necesidad de evidenciar esta difícil situación que vive la mayoría de ciudades del país, el Senador Alberto Castilla, el Congreso de los Pueblos, organizaciones y plataformas sociales que hacen parte de la campaña “Hogar digno Hogar” vienen realizando en diferentes ciudades una serie de audiencias senatoriales de vivienda y servicios públicos domiciliarios, que buscan denunciar la crisis habitacional y plantear soluciones que mejoren las condiciones de vida de las comunidades que durante años han tenido que soportar este grave flagelo,  sin una esperanza cercana que les remedie los  problemas de vivienda que enfrentan. 

El pasado 31 de Julio, el Senador Castilla realizó en Cali la tercera audiencia de vivienda con la participación de organizaciones y plataformas sociales, líderes y comunidad en general, quienes evidenciaron  la grave crisis de vivienda que atraviesa el departamento del Valle.

Santiago de Cali no se encuentra exenta del modelo de ciudad impuesto en Colombia. Desde la propia configuración de la ciudad se delinearon problemáticas urbanas en torno a la no planificación, lo que arrojó un grave déficit en vivienda y servicios públicos. Esto sumado a las nuevas necesidades del mercado, que cambian el objeto de la transformación urbana. Para el senador Alberto Castilla, la configuración actual de la ciudad evidencia tres graves problemas, que hoy el gobierno local no ha sido capaz de subsanar. Uno, el viejo problema de las familias en asentamientos populares: Hábitat precario y amenazas de desalojo. Dos, Plan de Ordenamiento Territorial y la Cali líder del G-11. En tercer lugar, la amenaza de privatización de EMCALI que generaría posibles vulneraciones a la garantía plena de los servicios públicos. 

Los integrantes de las organizaciones sociales coincidieron en exigir un techo digno donde vivir, que el ordenamiento de la ciudad no provenga de las necesidades del mercado neoliberal, hacer un amplio debate a las situación de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), generar un debate en el Congreso de la República e invitaron a la movilización del Frente Amplio por la Defensa de Cali.

Los líderes que intervinieron expresaron su inconformidad con el sector bancario, debido a los abusos de los que han sido víctimas por cuenta de los créditos hipotecarios que han adquirido, con la ilusión de conseguir vivienda de interes social. Infortunadamente, en la mayoria de los casos ha sido peor el remedio que la enfermedad. Quienes entran en mora corren en riesgo de perder su vivienda y el dinero que han pagado, deben llenar una serie de requisitos que para sus condiciones económicas y culturales son descabelladas. 

La comunidad tiene claro que para empezar a dar solución a la problemática de vivienda y de los créditos hipotecarios, se requiere de una gran reforma estructural financiera y judicial que defienda y proteja los sectores populares en su derecho de tener una vivienda digna; que el Estado disminuya los costos de producción de vivienda y subsidien los materiales de construcción para que las viviendas sean menos costosas; que se suspendan los remates y desalojos para hacer que los bancos no ganen más dinero; que se tengan en cuenta las sentencias constitucionales sobre los créditos hipotecarios; y que se investigue a los participantes de los remates para disminuir las mafias.

En la audiencia participaron varios líderes barriales que narraron su problemática e hicieron exigencias a las instituciones gubernamentales presentes. Brisas de Comuneros es un asentamiento de comunidades del Pacífico colombiano, desplazados de Buenaventura, así como de municipios de Nariño, Cauca y Chocó por la violencia y el conflicto armado del país. En El Valladito, un asentamiento con 31 años de existencia, dicen que han colocado el 41 por ciento de los muertos de Cali. Alto Nápoles es un pueblo Nasa que por varias razones llegó desde hace 7 años a asentarse en el territorio. A los habitantes de Villa Gorgona, Emcali o Acuavalle les hacen cobros excesivos en los servicios públicos y en la mayoría de los casos sin hacer uso de ellos. En Jarillón Venecia y Las Vegas se quedaron en la calle 15 familias como consecuencia de la demolición de sus viviendas: han pasado 6 meses y no han sido reubicados. En Río Cauca y Río Cali han venido trabajando en la recuperación del territorio: en 1978 les entregaron unos terrenos y hoy el Gobierno municipal plantea la necesidad de una reubicación. El barrio Julio Rincón fue construido en 1983 y ha sido afectado por las obras del transporte masivo con la construcción de un portal intermedio que ha desplazado a las comunidades: se encuentra en una zona estratégica de la ciudad y quieren sacarlo.

Dentro de las exigencias de la comunidad, que pide a gritos verdaderas soluciones, están casas de 72 metros cuadrados, como mínimo. Le piden a la Alcaldía de Cali y a Planeación que los proyectos de vivienda sean de autoconstrucción dirigida, en los que ellos tengan participación. Piden a Catastro un censo y la titulación de las tierras, mantenimiento de fuentes hídricas y buen servicio de agua, parques, zonas verdes, que no se les desaloje y que se detenga el Plan Jarillón, entre otras muchas peticiones.

Al finalizar la audiencia, el Senador Castilla afirmó que no está en contra del progreso y del desarrollo, pero que se necesitan soluciones que no vayan en contra de las comunidades, soluciones que no impliquen despojo, que no impliquen vulnerar los derechos de la gente.

Oficina de prensa
Senador Alberto Castilla

 

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