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La Equidad es más que una palabra Destacado

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Alberto Castilla
Senador de la República, Polo Democrático Alternativo.

Reflexiones sobre las inversiones proyectadas en el Plan de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que orienta el conjunto de las políticas del gobierno nacional, de ahí la importancia que reviste su discusión democrática. Aunque las Bases del Plan son un referente clave, su verdadera orientación se concreta en el proyecto de ley presentado al Congreso, adquiriendo especial relevancia el plan de inversiones que distribuye la proyección de los recursos públicos durante cuatro años. En este breve documento haré algunas reflexiones sobre el mencionado plan de inversiones mostrando cómo el gobierno Santos persiste en las viejas recetas que han traído malos resultados económicos y desigualdad en la distribución de los recursos.


La paz sin plata

El Plan de Inversiones está organizado a partir de seis estrategias, a las cuales les corresponden diferentes objetivos. Para empezar, es necesario mencionar que este Plan fue construido con supuestos macroeconómicos inflados, anteriores a la dramática caída de los precios de los commodities. El Profesor Jorge Espitia calcula el déficit del Plan de Desarrollo en alrededor de $70 billones1, sin duda resultado de la irresponsabilidad del gobierno en los temas fiscales y del mal manejo del boom minero-energético.

Aunque el Departamento Nacional de Planeación diga que la construcción de paz es uno de los tres pilares del plan (junto con equidad y educación), el plan de inversiones muestra algo muy diferente. Como porcentaje de las inversiones totales, el objetivo Seguridad y defensa continúan ocupando uno de los primeros lugares en la  destinación de los recursos públicos ($93.7 billones), situándose en la segunda posición con el 13,3% del total. Aunque hable de paz en el Plan, el gobierno sigue destinando buena parte de los recursos públicos a seguir en la guerra.

De hecho, si se miran exclusivamente las inversiones del gobierno central, el eje predominante es el de Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz, que consume el 50,1% de los recursos, rubro que incluye importantes recursos en seguridad y defensa.

Más recursos para minería, menos para derechos sociales

Otro rubro bastante alto es el denominado “Desarrollo minero-energético para la equidad regional” con $78.5 billones (11,2%), lo que muestra que la locomotora minero-energética sigue siendo columna vertebral del gobierno Santos. En contraste, otros renglones presupuestales decisivos para promover la equidad, los derechos y la calidad de vida de la población, tienen destinaciones muy modestas. Al rubro “Cerrar las brechas urbano-rurales” se le asigna un 0.3% del presupuesto; “Sentar las bases para la movilidad social”, tiene un 0.2%; “Promoción, respeto y protección de Derechos Humanos” tiene un 0.1%; y “Ordenamiento del territorio rural un 0.1%.


Lo privado como bandera

Es importante resaltar que la participación del sector privado en las inversiones proyectadas en el Plan es bastante alta, alcanzando el 34,2% de los recursos contemplados. Lo anterior se explica en parte por el papel protagónico de las Alianzas Público Privadas en todo el Plan de Desarrollo, que se proponen incluso para sectores sociales como salud y educación, continuando en la ya conocida senda de la privatización y el debilitamiento de lo público. Más aun, preocupa que el proceso de recuperación de las inversiones del sector privado (que no está allí sin ánimo de lucro), termine jugando en contra de la satisfacción de los derechos y el bienestar de la población.


¿Más alianzas productivas en el campo?

Un aspecto que preocupa profundamente a quienes venimos de los sectores rurales, en especial a campesinos, indígenas y afros, es la altísima contribución prevista para los aportes del sector privado en los asuntos relativos al campo. De los $49 billones que componen la inversión total de la estrategia “Transformación del campo”, $35,5 billones provienen del sector privado, un 72,1% del total de la estrategia. Lo mismo ocurre en el objetivo “Impulsar la competitividad rural”, donde los aportes privados ocupan la mayor cantidad de recursos, un 86,8% del total.

Lo anterior permite suponer que el gobierno busca insistir en el fracasado modelo de “alianzas productivas”, donde el campesinado aporta su trabajo y su propiedad, y los empresarios una financiación con intereses que genera deudas a largo plazo para el campesino; la vieja receta Indupalma que ha quebrado a pueblos enteros y ha enriquecido a banqueros y agroindustriales. Esto se confirma al revisar las Bases del Plan, en las que se hace referencia explícita a “zonas especiales de desarrollo rural y agropecuario”, en las cuales los empresarios podrían poner a producir los baldíos de la nación, en “alianzas” con campesinos. El artículo 97 del Plan, “Marco especial sobre administración de Tierras de la Nación” iría en la misma dirección.


Recortes y austeridad a la colombiana

Aunque la prensa no lo ha destacado, es bastante grave que la discusión del Plan de Desarrollo arranque con un importante recorte de recursos. Respecto a la versión presentada inicialmente, el Plan de inversiones pasó de $790,1 billones a $703,9 billones, una reducción del 12,2%. Como era de esperarse, haciendo eco de las políticas de ajuste estructural y austeridad, los recortes tienden a producirse en los aspectos más ligados a los derechos sociales; la estrategia de movilidad social es una de las más afectadas, con una reducción del 22,6%.

Por el contrario, “Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz” (que en la versión preliminar se denominaba “Consolidación del estado social de derecho”), aumenta 22,6%. Esta estrategia incluye temas variados, como justicia, reparación de víctimas, Derechos Humanos, etc., pero el predominante es “Seguridad y Defensa en el territorio nacional”, al que se le asignan el 68,2% de los recursos.



En suma, al analizar la proyección de las inversiones del Plan de Desarrollo encontramos la persistencia de las viejas recetas: más recursos para la guerra, promoción del sector minero-energético, bajas inversiones en derechos sociales y recortes que los afectan directamente, y un alto protagonismo del capital privado y los grandes inversionistas en la política agraria.

A pesar de la retórica, no hay Equidad en el plan de inversiones del gobierno Santos. Más razones para oponerse al Plan de Desarrollo de Santos.

1) Ver “El déficit financiero del PND 2014 – 2018”, disponible en: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0432/pdfs/Articulo020_432.pdf


Fuente: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0436/articulo05.html

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