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De micos y locomotoras: El Plan de Desarrollo de Santos II Destacado

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Tras estudiar el articulado del Proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, “Todos por un nuevo país”, surgen innumerables preocupaciones. En este documento defenderé algunas tesis centrales para caracterizar el Plan de Desarrollo.

1. Cambia la retórica, persisten las políticas

A diferencia del Plan de Desarrollo defendido hace cuatro años, el documento de las bases del nuevo Plan tiene una retórica más amable. En lugar de usar la metáfora de la locomotora, las bases del plan hacen énfasis en tres pilares: Paz, Equidad y Educación. Sin embargo, al revisar con detenimiento el documento de las bases y el articulado del proyecto de ley, encontramos que aunque cambie la retórica, el nuevo plan de desarrollo profundiza las políticas aplicadas por los últimos gobiernos.

El nuevo plan persiste en la generación de oportunidades para la inversión extranjera, propiciando los buenos negocios para los grandes capitales en desmedro de la economía nacional, las comunidades y los territorios. En aspectos tan diversos como la televisión, la telefonía celular, la propiedad intelectual de investigaciones académicas, la política  agrícola, los baldíos de la Nación, los servicios públicos, el manejo de los páramos, la protección del ambiente, la minería o los hidrocarburos, el plan está confeccionado para abrirle puertas a la inversión extranjera y reducir los costos de transacción de los grandes empresarios.

Aunque ya no se hable explícitamente de las cinco locomotoras, los verdaderos tres pilares del Plan no son la Paz, la Equidad y la Educación, sino la infraestructura, el sector minero-energético y los agronegocios. Para el sector minero-energético el proyecto de plan incluye un mini-código minero que define aspectos tan variados como los mecanismos de formalización, las áreas de reserva minera, la clasificación de la minería, los requisitos para el cierre de explotaciones y la definición de cánones superficiarios.En materia de petróleo y gas, se autorizaráa la Agencia Nacional de Hidrocarburos a reajustar, de común acuerdo con las transnacionales, los contratos de explotación, exploración y evaluación técnica, incluyendo plazos y áreas de inversión.

Un aspecto preocupante es el tratamiento de la infraestructura. El Plan pretende quitarle todos los obstáculos legales a los proyectos de construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y similares, a través de la declaratoria de “utilidad pública e interés social” para todos los proyectos de interés nacional o estratégico. También se le dan herramientas a las entidades del Estado para tener la primera opción de compra de todos los inmuebles de la zona donde se realizarán tales proyectos, norma que sumada a la reciente aprobación de la ley de expropiación exprés, generará una suerte de despojo legalizado de miles de familias campesinas que pagarán el precio del progreso. Cabe añadir que el Plan reduce al mínimo los tiempos de decisión de las licencias ambientales, procurando ahorrarle tiempo a las empresas interesadas y anular la capacidad de respuesta de las comunidades afectadas por estos proyectos.

En materia de tierras ya he denunciado que el gobierno persiste en su propósito de entregar los baldíos de la Nación a los grandes empresarios, aunque ello esté prohibido por la Constitución, a pesar de las sentencias de la Corte Constitucional, y aunque ello implique ponerle obstáculos a las propuestas recientes de constituir un Fondo de tierras como resultado de los acuerdos de paz. El gobierno también insiste en incluir en la legislación el derecho real de superficie, un mecanismo que le permite a los empresarios usufructuar las tierras del campesinado aunque no se conviertan en propietarios de tales predios.

En materia ambiental también hay grandes preocupaciones. A pesar de la oposición nacional e internacional, se abre la posibilidad de legalizar la explotación minera y petrolera dentro de los páramos si hay licencia ambiental anterior a febrero de 2010 en el caso de la minería,  y de junio de 2011 en el caso de los hidrocarburos.   


2. Un Plan que socava la democracia

Un Plan de desarrollo enmarca las estrategias del gobierno durante cuatro años, ello supondría la búsqueda de un amplio consenso nacional y una verdadera discusión democrática. Sin embargo, este Plan no fue elaborado pensando en las necesidades de la población, sino en las recomendaciones de la OCDE, un organismo compuesto por las grandes potencias y sus aliados. Desde el artículo 1 este organismo es mencionado como la principal referencia de las políticas del gobierno Santos.

A lo anterior se suma el propósito del gobierno de obtener carta blanca para regular sobre lo divino y lo humano sin tener que pasar por el Congreso, ello ocurriría en asuntos tan disímiles como las facturas electrónicas, Bancoldex, la metrología legal, la pequeña minería, la delimitación de áreas mineras, los sistemas masivos de transporte, la venta de celulares, la imposición de servidumbres para proyectos de generación de energía, la educación inicial, la jornada única en educación y buena parte del sistema de salud.

Uno de los aspectos más preocupantes para el movimiento agrario son las facultades extraordinarias que se le entregarían a la Presidencia de la República para rediseñar toda la institucionalidad agropecuaria del Estado en un plazo no mayor a seis meses. Tal pretensión despierta desde ya la atención del conjunto del movimiento campesino, indígena, afro y ambientalista.


3. El Plan de los “reencauches”

El proyecto de ley retoma varias iniciativas en las que el gobierno Santos I había fracasado, pero que fueron frustradas por la Corte Constitucional, por la movilización social, o por no cumplir los trámites requeridos en el Congreso.

La regulación sobre propiedad intelectual en alianzas público-privadas busca que se financien investigaciones con recursos públicos pero las utilidades pasen al patrimonio de los privados, un artículo muy similar se encontraba en la primera versión de la frustrada reforma a la ley 30 que el movimiento estudiantil logró detener. La privatización de baldíos ya se encontraba en el Plan anterior y fue declarada inconstitucional por la Corte; hoy viene cursando en el Congreso el proyecto de ley 133 (Cámara) que ha recibido un rotundo rechazo del movimiento campesino y que al parecer ya cuenta con vicios de trámite en su discusión. El derecho real de superficie iba a ser incluido en la ley de víctimas, pero la presión de las organizaciones de derechos humanos detuvo las pretensiones del gobierno. En materia de salud, se reciclan disposiciones de la fracasada ley ordinaria que el año pasado se hundió por la presión del movimiento nacional por la salud.


4. Ni paz, ni equidad, ni educación

A pesar de la retórica, los tres pilares del nuevo Plan no son centrales para el gobierno. El año pasado el Ministro de Hacienda evadió las preguntas que le hicimos en las Comisiones de Paz del Congreso sobre el presupuesto para los acuerdos de paz, y tales recursos tampoco aparecen en el proyecto de  plan.

Algunas disposiciones incluso van en contravía de la paz y la reconciliación, al menoscabar los derechos de las víctimas. Se habla expresamente de la imposibilidad jurídica y material de restituir los predios ubicados en áreas que sean declaradas como de utilidad pública para proyectos de interés estratégico. También se afirma que la construcción de infraestructura social que beneficie a las comunidades será entendida como reparación colectiva, convirtiendo las obligaciones incumplidas históricamente por el Estado colombiano en medidas de reparación por los crímenes cometidos por sus agentes. Como si fuera poco, en las bases del Plan el Gobierno parece estar más preocupado por los derechos de los militares que por los derechos de las víctimas de los crímenes de Estado. Por derechos de los militares el Gobierno entiende el reforzamiento del sistema de defensa técnica de los miembros de la Fuerza Pública y del fuero penal militar, todas ellas opciones que favorecen la impunidad y que van en contravía de los derechos de las víctimas y de las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos.

A lo anterior se suma la posibilidad de celebrar convenios para enviar tropas a misiones internacionales, lo que abre la puerta a la participación colombiana en conflictos ajenos; ya se entiende el interés de Juan Manuel Santos por avanzar en el ingreso de nuestro país a la OTAN, o las misivas enviadas por JoeBiden al gobierno colombiano.

La educación aparece como un pilar del plan, pero en este punto no encontramos una política audaz. La única modificación sustancial sería la implementación de la jornada única, pero sin un aumento de recursos importante para el sector educativo ello implicará mayor carga laboral para maestras y maestros, y la necesidad de hacer ajustes presupuestales en el sector. Incluir en el título del Plan la palabra ‘Educación’ no es más que un viejo mecanismo distractor.

Por último, es claro que la ‘equidad’ no es más que un eufemismo. Colombia es uno de los países más desiguales del planeta, y ese nivel tan escandaloso de desigualdad es resultado de las políticas que se refuerzan en el nuevo plan. En un momento histórico en que el debate sobre la desigualdad social recobra vigencia en todo el mundo, el gobierno colombiano va en contravía de las posiciones que buscan mayor igualdad social y garantía de derechos.


Alberto Castilla
Senador de la Republica.

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