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CONVERTIR LA PAZ EN FACTOR DE UNIDAD Y MOVILIZACIÓN NACIONAL

Contagiados de un inmenso entusiasmo, 1.500 delegados y delegadas de los más variados sectores sociales y políticos, representativos de todo el territorio nacional, nos hemos reunido en Bogotá durante los días 18, 19 y 20 de noviembre en la II Asamblea Nacional por la Paz bajo el lema “Territorios con energía, construyendo paz para la nación”.

A lo largo de 9 meses compartimos esfuerzos y dificultades para hacer realidad este proceso nacional; hoy contamos con muchos sectores y organizaciones sociales dispuestos a continuar en la lucha por la paz con justicia social.

En medio de un espíritu unitario y plural, nos hemos encontrado para afirmar nuestro compromiso por la paz y la democratización de la sociedad, y acordar tareas y mecanismos para la construcción de la paz.

Colombia se ha llenado de esperanza con este proceso, que sin duda beneficiará a todo el pueblo colombiano. El proceso de La Habana entre el gobierno y las FARC cumple ya tres años y a pesar de las dificultades ha permitido importantes acuerdos. Esperamos que la etapa de exploración entre el ELN y el gobierno culmine para dar paso a la fase pública de negociación; esperamos que el gobierno vincule también al EPL a las conversaciones; la paz debe tener un carácter integral.

Un pacto de paz sin transformaciones políticas que democraticen la sociedad y sin cambios en el modelo socio-económico del país hará inviable el tránsito hacia el bienestar y la convivencia que Colombia requiere. Hay que seguir madurando las posibilidades de un proceso constituyente para los cambios que necesita Colombia. Medidas como el alza en las tarifas de energía y la anunciada reforma tributaria, lo único que harán es agravar aún más la ya menguada economía familiar.

Llamamos al gobierno a respetar el carácter bilateral de los acuerdos en la Mesa de La Habana. Medidas unilaterales como el marco para la paz, el plebiscito y otras, lo único que hacen es introducir escollos que dificultan y prolongan la negociación.

La II Asamblea llama al gobierno a respetar los acuerdos de las Mesas de diálogo con las insurgencias, a suspender las operaciones militares contra los campamentos insurgentes en tregua unilateral, a dar el paso de una tregua bilateral inmediata y emprender el desmantelamiento del paramilitarismo.

Se requiere una nueva política petrolera y minero-energética (NPPE) en un escenario de una Colombia del siglo XXI, que incluya una politica ambiental, un programa de defensa de los recursos y respectivas empresas estatales y una política sobre las regalías y la misma renta; por eso la II Asamblea por la paz acoge la propuesta de la USO de un proyecto de Ley orgánica de hidrocarburos, que además tenga en cuenta el propósito de las comunidades relacionado con la calidad de vida que estos proyectos deben garantizar en las zonas de impacto de la industria, la preservación de los ecosistemas y que los recursos sirvan para establecer las bases de la construcción de la paz en Colombia.

La Asamblea llama al gobierno a parar los planes de privatización de Isagen y Ecopetrol; parar la fragmentación de Ecopetrol, y hacer que todas las reversiones pasen a manos de la empresa, igualmente importante es parar la expedición de licencias ambientales en zonas de recursos hídricos. Llamamos a Ecopetrol a parar los despidos de trabajadores y reintegrar a quienes hasta hoy han sido despedidos.

La Asamblea orienta la creación de una MESA SOCIAL MINERO-ENERGÉTICA POR LA PAZ que desarrolle los puntos reivindicativos a conseguir de manera inmediata, pero con propuestas de cambios de legislación política minero-energética de largo plazo. Trascender de un escenario de diálogo y reflexión a un escenario de incidencia significativa en la agenda pública del sector minero energético, requiere de la articulación entre plataformas de la sociedad civil que compartan la apuesta por un sector minero energético incluyente, comprometido con el desarrollo humano integral, la equidad, la preservación socio-ambiental y la paz de Colombia.

El atentado al líder indígena Feliciano Valencia, el asesinato del líder campesino y ambientalista Daniel Abril y la aleve agresión de la fuerza pública el día de ayer contra el campesinado de Argelia Cauca, que ha dejado una persona muerta y cinco heridas, nos obliga a llamar al gobierno para la desmilitarización de las regiones y reconocer el derecho de los pobladores a decidir sobre su territorio y el desarrollo de proyectos comunitarios en el marco de la normalización en la nueva etapa una vez se firmen unos acuerdos de paz. El país está reclamando la libertad de 9.500 presos políticos. Los colombianos no pagamos impuestos para que se destinen a financiar una fuerza pública que dispare contra su propio pueblo.

La construcción de paz requiere la adopción de garantías de no repetición desde el Estado colombiano que implica el reconocimiento de la protesta social como derecho a la participación ciudadana, la identificación de las demandas que les motivan; y la habilitación de canales que den respuesta de fondo a las reclamaciones sociales y populares; el disenso y el conflicto deben dejar de ser valorados como sinónimos de guerra, y entenderse como consustanciales a los procesos democráticos y de formación de ciudadanía.

Es preciso adoptar mecanismos de control y sanción de acciones de violencia y represión de la protesta y el uso abusivo de la fuerza policial, que implica la prohibición estricta de armas de fuego en manifestaciones sociales y la garantía de justicia para las víctimas de agresiones por parte de la Fuerza Pública, lo cual incluye la investigación y juzgamiento por parte de la jurisdicción ordinaria de manera pronta, efectiva y eficaz.

Llamamos el Gobierno y al Congreso de la República a revertir la legislación que limita o criminaliza el ejercicio de la protesta. Entre otras, la Ley de seguridad ciudadana.

La asamblea hace un llamado a los medios de comunicación, a los periodistas y editores a que la información y las diferencias no se tramiten con instrumentos mediáticos de violencia, les invitamos a titular en el sentido de la paz que necesita Colombia.

La paz es un reto nacional y exige de una mayor articulación de las diversas iniciativas que vienen aportando su contingente para el propósito de la solución politica del conflicto armado, por tal motivo proponemos darle un carácter permanente a los equipos de trabajo que organizaron las Asambleas regionales preparatorias, para garantizar la realización de las conclusiones que hoy estamos acogiendo y aportar a la convocatoria para el primer trimestre de 2016 de una Cumbre de iniciativas de paz en la idea de unificar agendas y simplificar espacios para hacer más efectiva nuestra acción por la paz. El sindicalismo no puede ser indiferente frente al destino del país. Llamamos a los trabajadores y a la clase obrera en su conjunto a asumir iniciativas en favor de la paz y a una mayor unidad y coordinación con la Cumbre Agraria.

Llamamos a realizar una gran movilización nacional para defender el proceso de paz y por el cumplimiento de los acuerdos, bajo el lema: “Colombia quiere la paz, con democracia y justicia social” para el 9 de abril de 2016, que convoque a todas las expresiones organizadas o no de la sociedad comprometidas con la paz.

Salimos de esta segunda Asamblea Nacional por la Paz con el compromiso de convertirnos en activistas de 24 horas en la construcción de la paz, para que el pueblo colombiano se erija como un gran protagonista de las transformaciones democráticas para un nuevo país.

Bogota, noviembre 20 de 2015

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leidyblue06@hotmail.com (Comunicaciones PUP) Noticias Tue, 24 Nov 2015 10:06:02 -0500
El acuerdo sobre justicia: esperanzas y preocupaciones https://poderyunidadpopular.org/index.php/organizacion/item/404-el-acuerdo-sobre-justicia-esperanzas-y-preocupaciones https://poderyunidadpopular.org/index.php/organizacion/item/404-el-acuerdo-sobre-justicia-esperanzas-y-preocupaciones Senador Alberto Castilla Salazar

El apretón de manos entre el Presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las Farc, Timoleón Jiménez, es la imagen más esperanzadora que ha arrojado el proceso de paz en curso. Su importancia radica en la refutación de quienes representan al pasado, aquellos profetas de la guerra que aseguran que no es posible llegar a una solución política negociada al conflicto armado.

Su importancia también reside en lo que nos dice sobre el futuro, pues el porvenir colectivo podrá irse aclarando con el avance y la implementación de los acuerdos, documentos que podrán contribuir a la construcción de paz,  pero que aún tienen un déficit frente a la participación de diversos sectores sociales en su elaboración y eventual implementación.

Las posibilidades
Por la complejidad del conflicto colombiano, alcanzar un acuerdo sobre justicia era uno de los aspectos más difíciles de las negociaciones entre gobierno y FARC. Su dificultad residía en la reticencia de cada una de las partes de reconocer su responsabilidad política y jurídica en múltiples hechos victimizantes, así como en reconocer dicha responsabilidad con base en el derecho penal vigente. Con el acuerdo de crear una Jurisdicción Especial para la Paz parecen haberse zanjado esas dificultades. Gracias al acuerdo cada una de las partes se verá involucrada en el modelo de justicia transicional acordado y se generarán las consecuencias derivadas de esa responsabilidad, particularmente al concebir amnistías amplias y al considerar sanciones para graves crímenes en condiciones especiales.

Para el movimiento social y para las víctimas, la dificultad residía en encontrar una fórmula que, a la vez que facilitara los acuerdos, respetara los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y que no se convirtiera en un acuerdo de punto final, es decir, en un instrumento de impunidad aprobado por las partes. El acuerdo contiene una fórmula que, si se diseña y aplica  adecuadamente, podría satisfacer las demandas de justicia y sentar las bases para la no repetición de los crímenes cometidos. La participación de las víctimas, de las organizaciones defensoras de derechos humanos y del movimiento en este proceso, será clave para garantizar que así sea. No debemos olvidar que las luchas por la justicia y contra la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos tienen una larga historia en Colombia, impulsadas justamente por estos sectores que no hemos cesado de exigir nuestros derechos y de lograr avances en materia de justicia.

Por otro lado, tampoco debemos olvidar que quienes desde el uribismo han evaluado el acuerdo como un proyecto hacia la impunidad, no hacen otra cosa que instrumentalizarlo para oponerse políticamente a la solución negociada al conflicto y la esperanza de paz en Colombia. No se puede olvidar que fue el hoy Senador Álvaro Uribe como Presidente, junto con sus fuerzas políticas en el Congreso –muchos de ellos investigados, e incluso juzgados y condenados por sus vínculos con paramilitares–, quienes aprobaron la mayor fórmula de impunidad que se haya diseñado en Colombia, la eufemísticamente llamada ley de “Justicia y Paz” (ley 975 de 2005).

Uno de los puntos más interesantes del acuerdo de justicia entre las FARC y el Gobierno, es el reconocimiento de la existencia de crímenes de Estado así como la participación activa de sectores políticos y económicos en la violencia que ha padecido el país. Cabe resaltar que históricamente jamás se negaron los crímenes cometidos por la guerrilla y que sus responsables han sido perseguidos y judicializados. En contraste, se ha desarrollado un estado permanente de negación respecto de la responsabilidad del Estado en graves violaciones de derechos humanos, situación que buscaba restar legitimidad a los reclamos de las víctimas. Durante los últimos meses los medios masivos de comunicación se ocuparon de preguntarse cuál sería la fórmula de justicia para la insurgencia, mientras se guardó silencio sobre la responsabilidad de funcionarios públicos, militares, políticos y empresarios vinculados con violaciones a los derechos humanos. El acuerdo abre las puertas para romper con esa cultura de la negación, al permitir que todos los actores sean juzgados y al permitir que las organizaciones de derechos humanos que han documentado de manera arriesgada y valiente las atrocidades de la guerra, aporten evidencias. Es posible que muchos sectores que hoy critican el acuerdo por su supuesta generación de impunidad, en realidad lo critiquen por lo contrario: porque abre la puerta al juzgamiento de empresarios, políticos y militares que hasta ahora habían estado cobijados con el manto de la impunidad.

No será un camino fácil. Sin duda serán muchos los obstáculos a los que se enfrentará este nuevo proceso, pero judicializar a todas las partes que tengan responsabilidad en la violencia es uno de los puntos clave si se pretenden generar cambios. Es clave que se defina qué pasará con los distintos fueros penales que hoy cobijan a militares y algunos funcionarios, los cuales han contribuido a la impunidad. También es importante que se garantice transparencia en el proceso de selección de los jueces nacionales e internacionales que harán parte de esta nueva jurisdicción, y que las amnistías sean concedidas a quienes realmente puedan acreditar que cumplan con los requisitos para acceder a ellas y no a los responsables de graves crímenes, esto es, a quienes incurrieron en delitos políticos y conexos. 

Las dudas
Un elemento que suscita dudas razonables es el enfoque de justicia restaurativa en el que se basa la jurisdicción de paz. No es sencillo para nadie, y menos para las víctimas, desmontar el imaginario de la cárcel como la única forma de castigo válida y legítima para sancionar crímenes, especialmente si estos son graves, por eso es crucial crear las condiciones que demuestren que la justicia restaurativa puede ser efectiva y que se pueda convertir en una fuente de reconciliación para la sociedad colombiana. Para ello se requiere de la voluntad de todas las partes. Adicionalmente, rediseñar la política criminal y penitenciaria es otra condición crucial para construir la paz, de manera que esto también se debería ver reflejado, en adelante, en un nuevo planteamiento que corrija las condiciones inhumanas en la que se encuentran la mayoría de presos y presas de este país.

También es importante tener en cuenta que no toda la violencia y las violaciones de derechos humanos están relacionadas directamente con el conflicto armado, y es importante que se establezcan las diferencias para evitar que todas las violaciones de derechos humanos cometidas vayan a parar a esta jurisdicción. La violencia política ejercida contra líderes sociales, sindicalistas, campesinos, indígenas, defensores de derechos humanos y activistas de distintas causas, no está toda ella en directa relación con el conflicto. Aunque muchas de estas personas fueron atacadas con el pretexto del combate a los grupos insurgentes, el motivo real de la mayoría de los crímenes fue la persecución de la oposición legítima al modelo económico y político vigente. Los sindicalistas asesinados por orden de grandes empresarios, o los indígenas, afros y campesinos desplazados para facilitar grandes proyectos de inversión en agroindustria, minería o represas, no fueron victimizados en el marco del conflicto y los responsables de tales hechos deben ser juzgados por la justicia ordinaria. 

Las preocupaciones
Por lo anterior, y como ya lo he afirmado en numerosas ocasiones, la paz solo podrá alcanzarse si hay garantías plenas para el ejercicio de la oposición de los movimientos sociales y los partidos de izquierda. La historia de la República está marcada por la persecución a la izquierda y a los movimientos sociales de oposición, quienes hemos sido objeto de asesinatos, desapariciones,  amenazas, desplazamiento forzado y judicializaciones. En los últimos tiempos hemos visto un preocupante aumento de la persecución a integrantes de movimientos sociales y populares a través de la judicialización de su protesta. Esta tendencia se profundiza con la aprobación de la ley de seguridad ciudadana y el nuevo código de policía, cuyo principal objetivo es evitar la protesta legítima.

En ese orden, ya son varios los movimientos sociales y lideres populares que han planteado un reclamo que comparto: No tiene sentido que mientras se logran acuerdos que benefician con reducción de penas o con penas alternativas a responsables de violaciones a los derechos humanos, al mismo tiempo se encarcele a integrantes del Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Unión Patriótica o el movimiento indígena. El caso de Feliciano Valencia es aleccionador al respecto, pues fue condenado a 18 años de cárcel por protestar, mientras la pena más alta en el acuerdo de justicia transicional será de 8 años. Sería absurdo tener una jurisdicción que busque sentar las bases para la paz, mientras la jurisdicción ordinaria sirve para reprimir la protesta legítima de sectores sociales.

La firma de la paz, cuando ella se produzca, no significará el fin de la movilización social que persigue las transformaciones profundas que Colombia necesita, máxime cuando se profundiza el modelo neoliberal y extractivista que destruye los territorios y desmejora la calidad de vida de las mayorías. El movimiento social seguirá exigiendo transformaciones profundas y seguirá expresándose para construir una paz con genuina justicia social. Sin duda, un sistema de justicia que permita develar las responsabilidades en la guerra aportará en ese camino, siempre y cuando cese la persecución al movimiento social y se den plenas garantías para el ejercicio de la oposición. 

Alberto Castilla Salazar
Senador del Polo Democrático

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leidyblue06@hotmail.com (Comunicaciones PUP) Pronunciamientos Tue, 29 Sep 2015 07:44:02 -0500
Llamamiento a Fortalecer la Participación de la Sociedad en los Diálogos de Paz https://poderyunidadpopular.org/index.php/escenarios/cdp/item/403-llamamiento-a-fortalecer-la-participacion-de-la-sociedad-en-los-dialogos-de-paz https://poderyunidadpopular.org/index.php/escenarios/cdp/item/403-llamamiento-a-fortalecer-la-participacion-de-la-sociedad-en-los-dialogos-de-paz Fortalecer la paz

Diversas organizaciones sociales y populares, eclesiales, de derechos humanos, sindicales y políticas, convocamos a construir una Mesa Social para la Paz que contribuya a la solución del conflicto social, político y armado. Invitamos a todos quienes estén interesados en la construcción de la paz y la democracia a dar forma a esta iniciativa.

Para ello compartimos las ideas que se expresan en el siguiente Llamamiento:

Al gobierno nacional
A las organizaciones y articulaciones de mujeres
A los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos
A las organizaciones sociales del país
A las pobladoras y pobladores urbanos
A los jóvenes, deportistas y artistas
A las organizaciones ambientales y de DDHH
A las organizaciones sindicales
A la academia y los estudiantes
A las iglesias y a las comunidades basadas en la fe
A los gremios económicos
A los partidos políticos
A las organizaciones insurgentes
A los medios de comunicación
A la diáspora colombiana y los exiliados
A Colombia entera, y a los pueblos solidarios del mundo
 
La necesidad y posibilidad de que Colombia profundice la democracia están a la orden del día. Para que ello se haga realidad, el país requiere una amplia reforma política cuyos componentes esenciales son la realización de los derechos sociales y económicos de la población, la superación de la inequidad social y la adopción de transformaciones institucionales y culturales que rompan el largo ciclo de la violencia y la intolerancia políticas que hemos vivido. Esos imperativos solo podrán materializarse con la participación directa, vinculante y decisoria de la sociedad y el compromiso de los actores claves del país.
 
Nos encontramos en un momento clave para resolver algunos de los conflictos del país en tanto se desarrollan diálogos entre el gobierno y las insurgencias para terminar el conflicto armado, cuyo éxito depende en gran medida de la realización de  transformaciones estrcuturales. Pero justo en este proceso se corrobora que su principal debilidad es la escasa participación de la sociedad. Todos hemos resentido esta carencia y reconocido que la participación ciudadana es determinante para darle el impulso que requiere el proceso con las FARC en La Habana, posibilitar los diálogos públicos que se avecinan con el ELN y potenciar los agentes sociales que lideren transformaciones hacia una paz con justicia social.

Participación de la sociedad, condición necesaria para avanzar en la construcción de Paz

Los diálogos del gobierno y las FARC se encuentran en una fase decisiva, en la cual deberán discutirse cruciales temas; entre otros, resolver cómo se abordarán las llamadas “salvaguardas” que esa organización mantiene sobre la mesa de diálogo y los puntos “pendientes” de acuerdo. Nos parece evidente que para dar un salto en este proceso particular se requiere la participación de la sociedad, que ha mostrado ser un elemento eficaz para destrabar momentos de la negociación; esto se evidenció en el tratamiento de los derechos de las víctimas, donde su participación directa ha sido determinante para encontrar alternativas de justicia, verdad, reparación y no repetición, tal como lo reconocen las FARC y el gobierno nacional. Para subsanar esa necesidad de participación, varios actores políticos –no solo las FARC-- han señalado la necesidad de una Asamblea Constituyente que aborde esas temáticas y refrende los acuerdos.
 
Por otra parte, la proximidad de que se instale una Mesa de Diálogo entre el gobierno nacional y el ELN exige un nuevo impulso a la participación social y ciudadana. Esta organización insurgente ha insistido en que la vinculación de la sociedad como sujeto activo en el proceso es un componente facilitador de sus diálogos directos con el gobierno, como quiera que es la sociedad –en su diversidad y pluralidad- la que debe superar también mediante el diálogo y la negociación buena parte de las contradicciones sociales y políticas que han dado lugar al conflicto armado. La información de los medios de comunicación y las declaraciones de los directos implicados, permite considerar que el gobierno nacional y el ELN han acordado darle cabida a la participación decisoria de la sociedad en esos diálogos de paz.
 
Mesa Social para la Paz

Las organizaciones sociales y populares, eclesiales, de derechos humanos, sindicales y políticas abajo firmantes, entendemos que nuestra responsabilidad con la superación del conflicto armado y la construcción de la paz nos obliga a atender esta demanda explícita del proceso de paz, y a la demanda histórica por un nuevo pacto democrático para Colombia. Por ello ofrecemos nuestras organizaciones y nuestra voluntad política para constituir un escenario que aporte decididamente a la terminación del conflicto social, político y armado.
En la búsqueda de este propósito, consideramos que es el momento de formalizar un espacio de diálogo y negociación nacional por la paz y la democracia que hemos llamado Mesa Social para la Paz. Se trata un escenario donde nos encontremos cara a cara, el movimiento social popular y los poderes institucionales y económicos, para debatir sobre los problemas que aquejan al país, acordar salidas eficaces a los conflictos socio-políticos que determinan el conflicto armado y pactar las bases para una sociedad democrática, justa y en paz.
 
Consideramos que la Mesa Social para la Paz y las mesas de negociación entre la insurgencia armada y el gobierno son complementarias, pues el trasfondo del conflicto armado es social, político y económico. Sin embargo, no son mutuamente dependientes; aunque los acuerdos de la Mesa Social para la Paz obviamente inciden en favor de la terminación de la guerra, en cambio éstos no pueden depender de los resultados de las mesas gobierno-insurgencia armada.
 
Esta propuesta se convierte en un espacio complementario de los diálogos con la insurgencia en la medida que puede abordar y resolver con legitimidad y consenso social problemáticas que no sean abordadas en la mesa gobierno–FARC, así como ser uno de los escenarios de participación decisoria de la sociedad en la perspectiva que han venido acordando el ELN y el gobierno. Pero serán el gobierno y las insurgencias quienes determinen el alcance práctico que tendrán los acuerdos sociales sobre sus propias negociaciones; la Mesa deberá tener una permanente interpelación con las insurgencias y el gobierno para concertar esas formas específicas de complementariedad.
 
Es así como se espera que se desarrolle una negociación autónoma y transformadora entre el movimiento social, el empresariado, la academia, las comunidades basadas en la fe, los partidos políticos y el gobierno nacional en perspectiva de construir la paz y avanzar en grandes transformaciones.
 
El alcance, la composición y la agenda de la Mesa Social para la Paz debemos acordarlos entre todos los sectores que aceptemos este llamado. Desde el campo popular hemos venido construyendo una agenda histórica propia sobre las transformaciones necesarias para la transición hacia la paz y que pensamos es fundamental que sea la base de la negociación en tanto son asuntos que hacen parte del conflicto social y político.
 
A esta Mesa Social para la Paz llamamos al gobierno nacional, al empresariado colombiano y transnacional, a las fuerzas militares y militares en retiro, a los medios comerciales de comunicación, a los partidos políticos, a los gobiernos regionales, así como a la academia y las iglesias. Las insurgencias deberán tener un lugar en este espacio de participación y construcción de paz, así como gobiernos extranjeros que han tenido elevada incidencia en el conflicto armado o que pueden tener un papel clave en la construcción de la paz; estos últimos podrían cumplir el papel de facilitadores, veedores y garantes del proceso.
 
Consideramos viable hacer confluir estas agendas e intereses, y a partir de ellas construir consensos y acuerdos políticos firmes y duraderos en el seno de la sociedad colombiana  para una nueva democracia. Éstos deberían expresarse en acuerdos políticos para la transición, propuestas o consensos sobre políticas públicas que puedan implementarse tanto en el proceso mismo de diálogos de paz, como en la transición democrática. Los acuerdos, pactos y consensos que logremos en la Mesa Social para la Paz pueden adoptar el espíritu y el formato de un espacio pre constituyente, sin desmedro de los pactos y acuerdos que se puedan implementar de forma inmediata.
 
Para constituir este espacio de diálogo y negociación para la paz, quienes subscribimos este llamado nos disponemos a intensificar un Gran Diálogo Nacional con el más amplio espectro de actores sociales y políticos del país, incluido el gobierno nacional y las insurgencias, para ir allanando ese camino de paz con justicia social y equidad como anuncios de una nueva nación. Una Comisión de Impulso de este diálogo tiene las puertas abiertas a todos los actores interesados en la construcción de la paz y la democracia.

Congreso de los Pueblos
Coordinación de Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc)
Proceso de Comunidades Negras (PCN)
Iglesia Presbiteriana
Iglesia Claretiana
Mesa Ecuménica
Movimiento Social de Discapacidad Colombia (Mosodic)
Organización Indígena de Colombia (ONIC)
Asociación de Cabildos del Norte de Cauca (ACIN)
Unión Sindical Obrera (USO)
Central Unitaria de los Trabajadores (CUT)
Fultraenergética

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leidyblue06@hotmail.com (Comunicaciones PUP) Congreso de los Pueblos Sun, 27 Sep 2015 08:05:54 -0500
Sentipensar la paz. Una paz pacífica es posible https://poderyunidadpopular.org/index.php/noti/item/359-sentipensar-la-paz-una-paz-pacifica-es-posible https://poderyunidadpopular.org/index.php/noti/item/359-sentipensar-la-paz-una-paz-pacifica-es-posible Sentipensar la paz. Una paz pacífica es posible

El COLECTIVO DE SENTIPENSAMIENTO AFRODIASPORICO es un espacio de varias organizaciones, conformados desde el Pre congreso Agosto 17-18 de 2013, en la ciudad capital del Valle del Cauca, y el Congreso autónomo del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero en Quibdó, 2013. 

Este colectivo se afirma como pueblo étnico en la ANAFRO -Autoridad nacional afrocolombiana- definida en Quibdó, en oposición a las prácticas clientelistas y corruptas de sectores del movimiento social afrocolombiano cooptadas por la institucionalidad estatal, y las lógicas de la modernidad y el capitalismo. El pasado 15 de abril de 2015, hicieron público un comunicado en el que expresan su visión de Paz. Lo compartimos con el permiso del colectivo (ver link de descarga abajo).

Poder y Unidad Popular

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leidyblue06@hotmail.com (Comunicaciones PUP) Noticias Tue, 12 May 2015 10:35:54 -0500
9 de Abril llamamos a la Movilización Nacional https://poderyunidadpopular.org/index.php/escenarios/cdp/item/312-9-de-abril-movilizacion-nacional https://poderyunidadpopular.org/index.php/escenarios/cdp/item/312-9-de-abril-movilizacion-nacional 9 de Abril llamamos a la Movilización Nacional

 

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leidyblue06@hotmail.com (Comunicaciones PUP) Congreso de los Pueblos Wed, 11 Mar 2015 12:07:36 -0500
José Obdulio Gaviria y el doble rasero ideologizado del uribismo https://poderyunidadpopular.org/index.php/organizacion/item/307-jose-obdulio-gaviria-y-el-doble-rasero-ideologizado-del-uribismo https://poderyunidadpopular.org/index.php/organizacion/item/307-jose-obdulio-gaviria-y-el-doble-rasero-ideologizado-del-uribismo José Obdulio Gaviria y el doble rasero ideologizado del uribismo
Por Camilo Estrada*

El uribismo ataca los actuales procesos de negociación con las insurgencias pero, cuando era gobierno, proponía "la legitimidad de negociar con los paramilitares". Un repaso bibliográfico documentado.

La semana pasada, el senador por el Centro Democrático José Obdulio Gaviria se dedicó a hacer un mea culpa por haber convertido a Juan Manuel Santos en el sucesor de las bancadas uribistas. También ratificó la pretensión de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- disientan de la toma del poder para demostrar una ‘verdadera voluntad de paz’ y presentó, nuevamente, como amenazas a países en los que la izquierda y sectores progresistas han llegado al poder político vía elecciones, como el caso de Venezuela, Brasil y Argentina. El ´coco´ del Foro de San Pablo y el ´castrochavismo´ que ya no asusta a nadie.

Mientras se abogaba para sí las aspiraciones políticas legítimas -pues según ellos, la única política posible es la idéntica al uribismo- José Obdulio Gaviria expresó en el programa La Barbería: “Si el Estado colombiano, la sociedad colombiana, los partidos políticos colombianos, y sobre todo, las Fuerzas Armadas colombianas y la Policía no están dispuestas a humillarse antes las FARC, las FARC no dan un solo paso hacia la paz”.

Es decir, para el senador del Centro Democrático no ha sido suficiente que las FARC hubiesen designado como equipo negociador a su máxima cúpula y mucho menos que hayan declarado un cese unilateral de hostilidades. Cese que el Frente Amplio por la Paz, organización de la sociedad civil, ha confirmado su cumplimiento a cabalidad, y además, la Defensoría del Pueblo ratificó que desde el pasado 20 de diciembre de 2014 esta insurgencia no ha tenido iniciativas de acciones ofensivas.

Recordemos que cuando las FARC convocaron a una corresponsabilidad con el gesto político en medio de la guerra de llegar a un futuro cese bilateral con el Estado, el honorable senador Gaviria calificó el hecho de “postre envenenado”.

Esta semana, mientras recorría anaqueles en mi labor de bibliotecario, me encontré con una joyita de la ficción histórica colombiana -infortunadamente estaba mal ubicado, no estaba en ciencia ficción, sino en política-. El libro se titula Sofisma del Terrorismo en Colombia y su prestigioso autor es el antes mencionado senador José Obdulio Gaviria Vélez quien, en el 2005 mientras estaba el uribismo embotado de poder, escribió esta solemne obra.

Al hojearlo, sin olvidar su mala signatura, me encontré con un capítulo llamado “Colombia, un Estado legítimo y democrático”. Dicho capítulo contiene, a su vez, el curioso y rimbombante apartado titulado "¿Por qué es legítimo negociar con los paramilitares?"

En el apartado, el paladín e ideólogo del uribismo, atrincherado desde la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, se centra en expresar que para esta corriente política no existen los terroristas buenos o los terroristas malos, “con ninguno quiere tomar wisky ni tener confiancitas”, que todos los grupos armados son iguales, y lanza en la página 220 la siguiente expresión textual para recordar: “El gobierno Uribe ha definido una condición esencial para iniciar cualquier proceso de paz y la aplica sin aceptar diferencias: cese de hostilidades. Por eso el Gobierno negocia con los paramilitares. Porque ellos han decretado cese de hostilidades. Lo demás ha venido fluyendo. Si cualquiera de las guerrillas decide hacer lo mismo, el Gobierno negociará con ella, de eso no quepa duda.”

Actualmente el uribismo ‘le sacó otra pata al gato’; piden que las FARC concentren su fuerza en un sitio vigilado por la comunidad internacional. Primero, es algo técnicamente imposible en medio de la negativa a un cese bilateral entre el Estado y este grupo, a no ser que los guerrilleros quieran pasar a un nivel de inmolación colectiva en el que se filarán voluntariamente para ser acribillados. Y segundo, las FARC difícilmente se concentrarán en un solo sitio para repetir la historia del Caguán, donde apenas levantada unilateralmente la mesa de negociación, por el entonces presidente Andrés Pastrana, fueron bombardeados a traición, pues tal y como lo confesó el mismo Pastrana, existieron unos acuerdos previos que el Estado no respetó: “Le dije a Marulanda que, si se terminaba la zona, las FARC tendrían 48 horas para salir de ella antes del reingreso de la fuerza pública”, confesó el expresidente en el libro La palabra bajo fuego (Editorial Planeta, 2005, página 69).

Allí entre anaqueles, al leer el libro mal ubicado y ver la oposición a los diálogos con las insurgencias y la promoción de la guerra como única alternativa, me expliqué por qué el Centro Democrático exige las Esferas del dragón con cada momento de la negociación: porque su doble rasero y visión ideologizada de la realidad los lleva inequívocamente al sinsentido, a la sinrazón, donde los desarraigados forzados eran "migrantes internos" y los grandes terratenientes palmicultores "campesinos que patrocinaron ‘autodefensas’ para protegerse".

*Militante de Poder y Unidad Popular Antioquia

Fuente: http://www.colombiainforma.info/politica/seccion-politica/2121-jose-obdulio-gaviria-y-el-doble-rasero-ideologizado-del-uribismo

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Pronunciamientos Thu, 05 Mar 2015 16:43:56 -0500
La Equidad es más que una palabra https://poderyunidadpopular.org/index.php/legislativa2/control/item/300-la-equidad-es-mas-que-una-palabra https://poderyunidadpopular.org/index.php/legislativa2/control/item/300-la-equidad-es-mas-que-una-palabra La Equidad es más que una palabra
Alberto Castilla
Senador de la República, Polo Democrático Alternativo.

Reflexiones sobre las inversiones proyectadas en el Plan de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que orienta el conjunto de las políticas del gobierno nacional, de ahí la importancia que reviste su discusión democrática. Aunque las Bases del Plan son un referente clave, su verdadera orientación se concreta en el proyecto de ley presentado al Congreso, adquiriendo especial relevancia el plan de inversiones que distribuye la proyección de los recursos públicos durante cuatro años. En este breve documento haré algunas reflexiones sobre el mencionado plan de inversiones mostrando cómo el gobierno Santos persiste en las viejas recetas que han traído malos resultados económicos y desigualdad en la distribución de los recursos.


La paz sin plata

El Plan de Inversiones está organizado a partir de seis estrategias, a las cuales les corresponden diferentes objetivos. Para empezar, es necesario mencionar que este Plan fue construido con supuestos macroeconómicos inflados, anteriores a la dramática caída de los precios de los commodities. El Profesor Jorge Espitia calcula el déficit del Plan de Desarrollo en alrededor de $70 billones1, sin duda resultado de la irresponsabilidad del gobierno en los temas fiscales y del mal manejo del boom minero-energético.

Aunque el Departamento Nacional de Planeación diga que la construcción de paz es uno de los tres pilares del plan (junto con equidad y educación), el plan de inversiones muestra algo muy diferente. Como porcentaje de las inversiones totales, el objetivo Seguridad y defensa continúan ocupando uno de los primeros lugares en la  destinación de los recursos públicos ($93.7 billones), situándose en la segunda posición con el 13,3% del total. Aunque hable de paz en el Plan, el gobierno sigue destinando buena parte de los recursos públicos a seguir en la guerra.

De hecho, si se miran exclusivamente las inversiones del gobierno central, el eje predominante es el de Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz, que consume el 50,1% de los recursos, rubro que incluye importantes recursos en seguridad y defensa.

Más recursos para minería, menos para derechos sociales

Otro rubro bastante alto es el denominado “Desarrollo minero-energético para la equidad regional” con $78.5 billones (11,2%), lo que muestra que la locomotora minero-energética sigue siendo columna vertebral del gobierno Santos. En contraste, otros renglones presupuestales decisivos para promover la equidad, los derechos y la calidad de vida de la población, tienen destinaciones muy modestas. Al rubro “Cerrar las brechas urbano-rurales” se le asigna un 0.3% del presupuesto; “Sentar las bases para la movilidad social”, tiene un 0.2%; “Promoción, respeto y protección de Derechos Humanos” tiene un 0.1%; y “Ordenamiento del territorio rural un 0.1%.


Lo privado como bandera

Es importante resaltar que la participación del sector privado en las inversiones proyectadas en el Plan es bastante alta, alcanzando el 34,2% de los recursos contemplados. Lo anterior se explica en parte por el papel protagónico de las Alianzas Público Privadas en todo el Plan de Desarrollo, que se proponen incluso para sectores sociales como salud y educación, continuando en la ya conocida senda de la privatización y el debilitamiento de lo público. Más aun, preocupa que el proceso de recuperación de las inversiones del sector privado (que no está allí sin ánimo de lucro), termine jugando en contra de la satisfacción de los derechos y el bienestar de la población.


¿Más alianzas productivas en el campo?

Un aspecto que preocupa profundamente a quienes venimos de los sectores rurales, en especial a campesinos, indígenas y afros, es la altísima contribución prevista para los aportes del sector privado en los asuntos relativos al campo. De los $49 billones que componen la inversión total de la estrategia “Transformación del campo”, $35,5 billones provienen del sector privado, un 72,1% del total de la estrategia. Lo mismo ocurre en el objetivo “Impulsar la competitividad rural”, donde los aportes privados ocupan la mayor cantidad de recursos, un 86,8% del total.

Lo anterior permite suponer que el gobierno busca insistir en el fracasado modelo de “alianzas productivas”, donde el campesinado aporta su trabajo y su propiedad, y los empresarios una financiación con intereses que genera deudas a largo plazo para el campesino; la vieja receta Indupalma que ha quebrado a pueblos enteros y ha enriquecido a banqueros y agroindustriales. Esto se confirma al revisar las Bases del Plan, en las que se hace referencia explícita a “zonas especiales de desarrollo rural y agropecuario”, en las cuales los empresarios podrían poner a producir los baldíos de la nación, en “alianzas” con campesinos. El artículo 97 del Plan, “Marco especial sobre administración de Tierras de la Nación” iría en la misma dirección.


Recortes y austeridad a la colombiana

Aunque la prensa no lo ha destacado, es bastante grave que la discusión del Plan de Desarrollo arranque con un importante recorte de recursos. Respecto a la versión presentada inicialmente, el Plan de inversiones pasó de $790,1 billones a $703,9 billones, una reducción del 12,2%. Como era de esperarse, haciendo eco de las políticas de ajuste estructural y austeridad, los recortes tienden a producirse en los aspectos más ligados a los derechos sociales; la estrategia de movilidad social es una de las más afectadas, con una reducción del 22,6%.

Por el contrario, “Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz” (que en la versión preliminar se denominaba “Consolidación del estado social de derecho”), aumenta 22,6%. Esta estrategia incluye temas variados, como justicia, reparación de víctimas, Derechos Humanos, etc., pero el predominante es “Seguridad y Defensa en el territorio nacional”, al que se le asignan el 68,2% de los recursos.



En suma, al analizar la proyección de las inversiones del Plan de Desarrollo encontramos la persistencia de las viejas recetas: más recursos para la guerra, promoción del sector minero-energético, bajas inversiones en derechos sociales y recortes que los afectan directamente, y un alto protagonismo del capital privado y los grandes inversionistas en la política agraria.

A pesar de la retórica, no hay Equidad en el plan de inversiones del gobierno Santos. Más razones para oponerse al Plan de Desarrollo de Santos.

1) Ver “El déficit financiero del PND 2014 – 2018”, disponible en: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0432/pdfs/Articulo020_432.pdf


Fuente: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0436/articulo05.html

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leidyblue06@hotmail.com (Comunicaciones PUP) Debates de Control Sun, 01 Mar 2015 10:28:07 -0500
Dirigentes nacionales del PDA convocan a la unidad por la paz https://poderyunidadpopular.org/index.php/escenarios/polo/item/299-dirigentes-nacionales-del-polo-democratico-convocan-a-la-unidad-por-la-paz-la-democracia-y-la-justicia-social https://poderyunidadpopular.org/index.php/escenarios/polo/item/299-dirigentes-nacionales-del-polo-democratico-convocan-a-la-unidad-por-la-paz-la-democracia-y-la-justicia-social Polo Democrático Alternativo

Dirigentes nacionales del Polo Democrático Alternativo, entre ellos su presidenta, Clara López Obregón; los congresistas Iván Cepeda Castro, Alberto Castilla Salazar, Senén Niño Avendaño, Alirio Uribe Muñoz, Víctor Correa Vélez; exparlamentarios, entre muchos otros, así como militantes de todo el país, suscribieron una declaración llamando a la unidad interna de la colectividad y reafirmando su vocación de constituir una “alternativa y opción real de gobierno y poder en Colombia a través de  la búsqueda de la unidad de todos los sectores de la izquierda y la democracia, con el fin de avanzar en la conquista y el apoyo popular para ganar la dirección del Estado colombiano”.

El texto de la declaración pública es el siguiente:

POLO PAZ

UNIDAD POR LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA SOCIAL


Los abajo firmantes, expresamos nuestro compromiso y decisión de trabajar por la preservación de la unidad interna del partido en la preparación y desarrollo de  las deliberaciones del IV Congreso. A su vez, reafirmamos nuestra vocación de constituirnos en alternativa y opción real de gobierno y poder en Colombia a través de  la búsqueda de la unidad de todos los sectores de la izquierda y la democracia, con el fin de avanzar en la conquista y el apoyo popular para ganar la dirección del Estado colombiano.

En ese orden,  coincidimos en los siguientes puntos de vista:

  1. Primero la Paz. La solución política al conflicto y la construcción de paz hacen parte de los  anhelos de las mayorías nacionales. En virtud de ello, apoyamos decididamente los diálogos de La Habana entre el Gobierno y la insurgencia de las Farc y la apertura formal de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional como condición para transitar hacia  un post-acuerdo  en el que la población y los territorios gocen de vida digna en democracia. Por tanto, los conflictos sociales deben ser tratados y acordados entre movimiento social y el gobierno, y así,  construir un proceso integral de paz para el país. Marcharemos el 9 de abril por la paz,  la democracia y la justicia social. Solicitamos reciprocidad con el cese unilateral del fuego decretado por las Farc y la concreción de un cese bilateral para fortalecer el apoyo ciudadano a los diálogos de paz.

  2. Nuestro partido. Poner en práctica el ideario de unidad en la realidad concreta de cada coyuntura y reafirmar el carácter democrático, civilista, pluralista, multicultural y pluriétnico de nuestro partido (art. 2 Estatutos), en el convencimiento de que  la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas del país solo se logrará con la  profundización de la democracia, la defensa de la soberanía nacional, la integración y el fortalecimiento de los procesos democráticos de América Latina y el Caribe.

  3. Unir para cambiar a Colombia. Promover y contribuir  con  el proceso de confluencia  de todas las fuerzas de la izquierda democrática y de las fuerzas alternativas, democráticas y sociales, alrededor de un frente unitario, con programa, ideario, normas y acuerdos que nos permitan ser la opción mayoritaria frente a las fuerzas del establecimiento para promover las transformaciones y los cambios que Colombia requiere.

  4. Democracia y la Vida. La defensa de la vida, los derechos fundamentales y la profundización de la democracia no sólo pasan por la firma de los acuerdos sino por lograr condiciones favorables para la sociedad colombiana que requiere de cambios estructurales en lo económico, social y político que permitan  lograr una vida digna con garantías plenas en el ejercicio de los derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin excepción. Defendemos con decisión los territorios, las libertades sindicales, el derecho a la movilización y la protesta social y participaremos de los distintos reclamos de la ciudadanía para defender sus reivindicaciones. En tal sentido, también marcharemos el 8 de marzo con las mujeres y por la defensa de la vida.

  5. Vocación de poder. Estamos en oposición al modelo neoliberal que han impulsado los distintos Gobiernos en los últimos años, profundizado por el Gobierno de Juan Manuel Santos, a través de distintas normas, entre ellas el Plan Nacional de Desarrollo y sus políticas  agropecuaria, minera, de educación, de salud, desempleo, libre comercio, servicios públicos, a las cuales planteamos como alternativa un nuevo modelo de desarrollo propio, que consulte los intereses y anhelos del pueblo colombiano en la construcción de la paz, La justicia social y la reconciliación.

  6. Nuestra América. Saludamos solidariamente el avance de los gobiernos democráticos en América Latina y el Caribe, defendemos la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de otros países; apoyamos la integración  latinoamericana y del Caribe,  somos militantes y actuantes de sus ejemplos unitarios y de sus programas realizables con el firme propósito de lograr, más temprano que tarde, un país más de América Latina con gobierno auténticamente democrático.


Febrero 26 de 2015.

Firman
Clara López Obregón, Presidenta del PDA
Iván Cepeda Castro, Senador
Alberto Castilla Salazar, Senador
Senén Niño Avendaño, Senador
Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara por Bogotá
Víctor Correa Vélez, Representante a la Cámara por Antioquia
Celio Nieves, Venus Albeiro Silva,  Álvaro Argote, concejales de Bogotá; diputados: Afranio Rodríguez (Nariño), Eduardo Franco (Caquetá), Rolando Caicedo (Valle).

Excongresistas: Parmenio Cuéllar Bastidas (ex senador); Pedro Vicente Obando (ex representante a la Cámara por Nariño): Germán Reyes Forero (ex representante por Antioquia)

Comité Ejecutivo Nacional del Polo:

Principales: Jaime Dussán Calderón, Tarsicio Mora Godoy, Carlos Romero, Senen Niño, Antonio Peñaloza, Daniel Rico, Ingrid Penagos, Venus Albeiro Silva, Celio Nieves, Clara Giraldo, Alejandro Ocampo, Alba Correa Ulloa, Manuela Cassiani, Rafael López, Julio Cesar mancera, Ana Dalila Gómez Baos.

Suplentes: Nelly Abrahams, Tito Herrera, Guillermo Encinales, Rosa Arroyo, José Fernando Rojas, Adolfo Guevara.

Fuente: http://www.polodemocratico.net/index.php/noticias/titulares/7800-dirigentes-nacionales-del-polo-democratico-convocan-a-la-unidad-por-la-paz-la-democracia-y-la-justicia-social

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leidyblue06@hotmail.com (Comunicaciones PUP) Polo Democrático Alternativo Fri, 27 Feb 2015 00:00:00 -0500
Nariño: “No se puede hablar de paz si se construye sobre la guerra” https://poderyunidadpopular.org/index.php/organizacion/item/291-narino-no-se-puede-hablar-de-paz-si-se-construye-sobre-la-guerra https://poderyunidadpopular.org/index.php/organizacion/item/291-narino-no-se-puede-hablar-de-paz-si-se-construye-sobre-la-guerra Nariño: “No se puede hablar de paz si se construye sobre la guerra”

Desde el Congreso de los Pueblos y la Coordinación departamental de Poder y Unidad Popular, tendencia del Polo Democrático Alternativo que hace presencia en Nariño, realizamos nuestro pronunciamiento solidario condenando vehementemente  y repudiando el asesinato de nuestro compañero de lucha CARLOS ALBERTO PEDRAZA SALCEDO líder cívico-popular del magisterio, integrante del Proyecto Nunca Más, del Movimiento de Víctimas de crímenes de Estado, de la Coordinación Regional del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y del Congreso de los Pueblos. Desde el sur del país enviamos nuestros sentimientos de solidaridad y enviamos un abrazo a sus compañeros, familiares y amigos cercanos.

Como integrantes del Congreso de los Pueblos exigimos al Estado esclarecer los móviles del asesinato y adelantar acciones legales necesarias para determinar los responsables intelectuales y materiales de los hechos. Además expresamos nuestra preocupación al ver que mientras avanzan los diálogos de paz con las insurgencias colombianas, donde se exigen garantías para ejercer la oposición y siendo aspectos fundamentales en los diálogos para llegar a una solución política y negociada al conflicto social y armado, nuestros dirigentes sean asesinados por ejercer el derecho a la oposición, por lo que exigimos garantías para el ejercicio del trabajo social y político que realizamos las organizaciones sociales, políticas y populares en nuestro país.

Además rechazamos la criminalización sistemática a la que el movimiento social está siendo sometido, como también a la intimidación de la que son objeto varios miembros  y organizaciones del movimiento social popular colombiano quienes fueron amenazados por el grupo paramilitar autodenominado Águilas Negras.

Desde el Congreso de los Pueblos y PUP-Nariño expresamos nuestra más profunda indignación por el vil asesinato de nuestro compañero CARLOS ALBERTO PEDRAZA SALCEDO, y sentimos profundamente su partida, por ello manifestamos nuestras más sinceras condolencias, además de la fraterna solidaridad con aquellos de una u otra forma lo sintieron como un hermano de lucha, sabemos que esta es una pérdida irreparable y condenamos a sus asesinos.

Así mismo exigimos al Estado colombiano dar respuesta efectiva a este crimen.

“NO SE PUEDE HABLAR DE PAZ SI SE CONSTRUYE SOBRE LA GUERRA”

Congreso de los Pueblos y PUP Nariño

Descargue comunicado en pdf haciendo clic aquí

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leidyblue06@hotmail.com (Comunicaciones PUP) Pronunciamientos Fri, 30 Jan 2015 10:16:26 -0500