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Alberto Castilla
Senador de la República, Polo Democrático Alternativo.

Reflexiones sobre las inversiones proyectadas en el Plan de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que orienta el conjunto de las políticas del gobierno nacional, de ahí la importancia que reviste su discusión democrática. Aunque las Bases del Plan son un referente clave, su verdadera orientación se concreta en el proyecto de ley presentado al Congreso, adquiriendo especial relevancia el plan de inversiones que distribuye la proyección de los recursos públicos durante cuatro años. En este breve documento haré algunas reflexiones sobre el mencionado plan de inversiones mostrando cómo el gobierno Santos persiste en las viejas recetas que han traído malos resultados económicos y desigualdad en la distribución de los recursos.


La paz sin plata

El Plan de Inversiones está organizado a partir de seis estrategias, a las cuales les corresponden diferentes objetivos. Para empezar, es necesario mencionar que este Plan fue construido con supuestos macroeconómicos inflados, anteriores a la dramática caída de los precios de los commodities. El Profesor Jorge Espitia calcula el déficit del Plan de Desarrollo en alrededor de $70 billones1, sin duda resultado de la irresponsabilidad del gobierno en los temas fiscales y del mal manejo del boom minero-energético.

Aunque el Departamento Nacional de Planeación diga que la construcción de paz es uno de los tres pilares del plan (junto con equidad y educación), el plan de inversiones muestra algo muy diferente. Como porcentaje de las inversiones totales, el objetivo Seguridad y defensa continúan ocupando uno de los primeros lugares en la  destinación de los recursos públicos ($93.7 billones), situándose en la segunda posición con el 13,3% del total. Aunque hable de paz en el Plan, el gobierno sigue destinando buena parte de los recursos públicos a seguir en la guerra.

De hecho, si se miran exclusivamente las inversiones del gobierno central, el eje predominante es el de Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz, que consume el 50,1% de los recursos, rubro que incluye importantes recursos en seguridad y defensa.

Más recursos para minería, menos para derechos sociales

Otro rubro bastante alto es el denominado “Desarrollo minero-energético para la equidad regional” con $78.5 billones (11,2%), lo que muestra que la locomotora minero-energética sigue siendo columna vertebral del gobierno Santos. En contraste, otros renglones presupuestales decisivos para promover la equidad, los derechos y la calidad de vida de la población, tienen destinaciones muy modestas. Al rubro “Cerrar las brechas urbano-rurales” se le asigna un 0.3% del presupuesto; “Sentar las bases para la movilidad social”, tiene un 0.2%; “Promoción, respeto y protección de Derechos Humanos” tiene un 0.1%; y “Ordenamiento del territorio rural un 0.1%.


Lo privado como bandera

Es importante resaltar que la participación del sector privado en las inversiones proyectadas en el Plan es bastante alta, alcanzando el 34,2% de los recursos contemplados. Lo anterior se explica en parte por el papel protagónico de las Alianzas Público Privadas en todo el Plan de Desarrollo, que se proponen incluso para sectores sociales como salud y educación, continuando en la ya conocida senda de la privatización y el debilitamiento de lo público. Más aun, preocupa que el proceso de recuperación de las inversiones del sector privado (que no está allí sin ánimo de lucro), termine jugando en contra de la satisfacción de los derechos y el bienestar de la población.


¿Más alianzas productivas en el campo?

Un aspecto que preocupa profundamente a quienes venimos de los sectores rurales, en especial a campesinos, indígenas y afros, es la altísima contribución prevista para los aportes del sector privado en los asuntos relativos al campo. De los $49 billones que componen la inversión total de la estrategia “Transformación del campo”, $35,5 billones provienen del sector privado, un 72,1% del total de la estrategia. Lo mismo ocurre en el objetivo “Impulsar la competitividad rural”, donde los aportes privados ocupan la mayor cantidad de recursos, un 86,8% del total.

Lo anterior permite suponer que el gobierno busca insistir en el fracasado modelo de “alianzas productivas”, donde el campesinado aporta su trabajo y su propiedad, y los empresarios una financiación con intereses que genera deudas a largo plazo para el campesino; la vieja receta Indupalma que ha quebrado a pueblos enteros y ha enriquecido a banqueros y agroindustriales. Esto se confirma al revisar las Bases del Plan, en las que se hace referencia explícita a “zonas especiales de desarrollo rural y agropecuario”, en las cuales los empresarios podrían poner a producir los baldíos de la nación, en “alianzas” con campesinos. El artículo 97 del Plan, “Marco especial sobre administración de Tierras de la Nación” iría en la misma dirección.


Recortes y austeridad a la colombiana

Aunque la prensa no lo ha destacado, es bastante grave que la discusión del Plan de Desarrollo arranque con un importante recorte de recursos. Respecto a la versión presentada inicialmente, el Plan de inversiones pasó de $790,1 billones a $703,9 billones, una reducción del 12,2%. Como era de esperarse, haciendo eco de las políticas de ajuste estructural y austeridad, los recortes tienden a producirse en los aspectos más ligados a los derechos sociales; la estrategia de movilidad social es una de las más afectadas, con una reducción del 22,6%.

Por el contrario, “Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz” (que en la versión preliminar se denominaba “Consolidación del estado social de derecho”), aumenta 22,6%. Esta estrategia incluye temas variados, como justicia, reparación de víctimas, Derechos Humanos, etc., pero el predominante es “Seguridad y Defensa en el territorio nacional”, al que se le asignan el 68,2% de los recursos.



En suma, al analizar la proyección de las inversiones del Plan de Desarrollo encontramos la persistencia de las viejas recetas: más recursos para la guerra, promoción del sector minero-energético, bajas inversiones en derechos sociales y recortes que los afectan directamente, y un alto protagonismo del capital privado y los grandes inversionistas en la política agraria.

A pesar de la retórica, no hay Equidad en el plan de inversiones del gobierno Santos. Más razones para oponerse al Plan de Desarrollo de Santos.

1) Ver “El déficit financiero del PND 2014 – 2018”, disponible en: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0432/pdfs/Articulo020_432.pdf


Fuente: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0436/articulo05.html

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leidyblue06@hotmail.com (Comunicaciones PUP) Debates de Control Sun, 01 Mar 2015 10:28:07 -0500
De micos y locomotoras: El Plan de Desarrollo de Santos II http://poderyunidadpopular.org/index.php/legislativa2/control/item/295-de-micos-y-locomotoras-el-plan-de-desarrollo-de-santos-ii http://poderyunidadpopular.org/index.php/legislativa2/control/item/295-de-micos-y-locomotoras-el-plan-de-desarrollo-de-santos-ii De micos y locomotoras: El Plan de Desarrollo de Santos II

Tras estudiar el articulado del Proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, “Todos por un nuevo país”, surgen innumerables preocupaciones. En este documento defenderé algunas tesis centrales para caracterizar el Plan de Desarrollo.

1. Cambia la retórica, persisten las políticas

A diferencia del Plan de Desarrollo defendido hace cuatro años, el documento de las bases del nuevo Plan tiene una retórica más amable. En lugar de usar la metáfora de la locomotora, las bases del plan hacen énfasis en tres pilares: Paz, Equidad y Educación. Sin embargo, al revisar con detenimiento el documento de las bases y el articulado del proyecto de ley, encontramos que aunque cambie la retórica, el nuevo plan de desarrollo profundiza las políticas aplicadas por los últimos gobiernos.

El nuevo plan persiste en la generación de oportunidades para la inversión extranjera, propiciando los buenos negocios para los grandes capitales en desmedro de la economía nacional, las comunidades y los territorios. En aspectos tan diversos como la televisión, la telefonía celular, la propiedad intelectual de investigaciones académicas, la política  agrícola, los baldíos de la Nación, los servicios públicos, el manejo de los páramos, la protección del ambiente, la minería o los hidrocarburos, el plan está confeccionado para abrirle puertas a la inversión extranjera y reducir los costos de transacción de los grandes empresarios.

Aunque ya no se hable explícitamente de las cinco locomotoras, los verdaderos tres pilares del Plan no son la Paz, la Equidad y la Educación, sino la infraestructura, el sector minero-energético y los agronegocios. Para el sector minero-energético el proyecto de plan incluye un mini-código minero que define aspectos tan variados como los mecanismos de formalización, las áreas de reserva minera, la clasificación de la minería, los requisitos para el cierre de explotaciones y la definición de cánones superficiarios.En materia de petróleo y gas, se autorizaráa la Agencia Nacional de Hidrocarburos a reajustar, de común acuerdo con las transnacionales, los contratos de explotación, exploración y evaluación técnica, incluyendo plazos y áreas de inversión.

Un aspecto preocupante es el tratamiento de la infraestructura. El Plan pretende quitarle todos los obstáculos legales a los proyectos de construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y similares, a través de la declaratoria de “utilidad pública e interés social” para todos los proyectos de interés nacional o estratégico. También se le dan herramientas a las entidades del Estado para tener la primera opción de compra de todos los inmuebles de la zona donde se realizarán tales proyectos, norma que sumada a la reciente aprobación de la ley de expropiación exprés, generará una suerte de despojo legalizado de miles de familias campesinas que pagarán el precio del progreso. Cabe añadir que el Plan reduce al mínimo los tiempos de decisión de las licencias ambientales, procurando ahorrarle tiempo a las empresas interesadas y anular la capacidad de respuesta de las comunidades afectadas por estos proyectos.

En materia de tierras ya he denunciado que el gobierno persiste en su propósito de entregar los baldíos de la Nación a los grandes empresarios, aunque ello esté prohibido por la Constitución, a pesar de las sentencias de la Corte Constitucional, y aunque ello implique ponerle obstáculos a las propuestas recientes de constituir un Fondo de tierras como resultado de los acuerdos de paz. El gobierno también insiste en incluir en la legislación el derecho real de superficie, un mecanismo que le permite a los empresarios usufructuar las tierras del campesinado aunque no se conviertan en propietarios de tales predios.

En materia ambiental también hay grandes preocupaciones. A pesar de la oposición nacional e internacional, se abre la posibilidad de legalizar la explotación minera y petrolera dentro de los páramos si hay licencia ambiental anterior a febrero de 2010 en el caso de la minería,  y de junio de 2011 en el caso de los hidrocarburos.   


2. Un Plan que socava la democracia

Un Plan de desarrollo enmarca las estrategias del gobierno durante cuatro años, ello supondría la búsqueda de un amplio consenso nacional y una verdadera discusión democrática. Sin embargo, este Plan no fue elaborado pensando en las necesidades de la población, sino en las recomendaciones de la OCDE, un organismo compuesto por las grandes potencias y sus aliados. Desde el artículo 1 este organismo es mencionado como la principal referencia de las políticas del gobierno Santos.

A lo anterior se suma el propósito del gobierno de obtener carta blanca para regular sobre lo divino y lo humano sin tener que pasar por el Congreso, ello ocurriría en asuntos tan disímiles como las facturas electrónicas, Bancoldex, la metrología legal, la pequeña minería, la delimitación de áreas mineras, los sistemas masivos de transporte, la venta de celulares, la imposición de servidumbres para proyectos de generación de energía, la educación inicial, la jornada única en educación y buena parte del sistema de salud.

Uno de los aspectos más preocupantes para el movimiento agrario son las facultades extraordinarias que se le entregarían a la Presidencia de la República para rediseñar toda la institucionalidad agropecuaria del Estado en un plazo no mayor a seis meses. Tal pretensión despierta desde ya la atención del conjunto del movimiento campesino, indígena, afro y ambientalista.


3. El Plan de los “reencauches”

El proyecto de ley retoma varias iniciativas en las que el gobierno Santos I había fracasado, pero que fueron frustradas por la Corte Constitucional, por la movilización social, o por no cumplir los trámites requeridos en el Congreso.

La regulación sobre propiedad intelectual en alianzas público-privadas busca que se financien investigaciones con recursos públicos pero las utilidades pasen al patrimonio de los privados, un artículo muy similar se encontraba en la primera versión de la frustrada reforma a la ley 30 que el movimiento estudiantil logró detener. La privatización de baldíos ya se encontraba en el Plan anterior y fue declarada inconstitucional por la Corte; hoy viene cursando en el Congreso el proyecto de ley 133 (Cámara) que ha recibido un rotundo rechazo del movimiento campesino y que al parecer ya cuenta con vicios de trámite en su discusión. El derecho real de superficie iba a ser incluido en la ley de víctimas, pero la presión de las organizaciones de derechos humanos detuvo las pretensiones del gobierno. En materia de salud, se reciclan disposiciones de la fracasada ley ordinaria que el año pasado se hundió por la presión del movimiento nacional por la salud.


4. Ni paz, ni equidad, ni educación

A pesar de la retórica, los tres pilares del nuevo Plan no son centrales para el gobierno. El año pasado el Ministro de Hacienda evadió las preguntas que le hicimos en las Comisiones de Paz del Congreso sobre el presupuesto para los acuerdos de paz, y tales recursos tampoco aparecen en el proyecto de  plan.

Algunas disposiciones incluso van en contravía de la paz y la reconciliación, al menoscabar los derechos de las víctimas. Se habla expresamente de la imposibilidad jurídica y material de restituir los predios ubicados en áreas que sean declaradas como de utilidad pública para proyectos de interés estratégico. También se afirma que la construcción de infraestructura social que beneficie a las comunidades será entendida como reparación colectiva, convirtiendo las obligaciones incumplidas históricamente por el Estado colombiano en medidas de reparación por los crímenes cometidos por sus agentes. Como si fuera poco, en las bases del Plan el Gobierno parece estar más preocupado por los derechos de los militares que por los derechos de las víctimas de los crímenes de Estado. Por derechos de los militares el Gobierno entiende el reforzamiento del sistema de defensa técnica de los miembros de la Fuerza Pública y del fuero penal militar, todas ellas opciones que favorecen la impunidad y que van en contravía de los derechos de las víctimas y de las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos.

A lo anterior se suma la posibilidad de celebrar convenios para enviar tropas a misiones internacionales, lo que abre la puerta a la participación colombiana en conflictos ajenos; ya se entiende el interés de Juan Manuel Santos por avanzar en el ingreso de nuestro país a la OTAN, o las misivas enviadas por JoeBiden al gobierno colombiano.

La educación aparece como un pilar del plan, pero en este punto no encontramos una política audaz. La única modificación sustancial sería la implementación de la jornada única, pero sin un aumento de recursos importante para el sector educativo ello implicará mayor carga laboral para maestras y maestros, y la necesidad de hacer ajustes presupuestales en el sector. Incluir en el título del Plan la palabra ‘Educación’ no es más que un viejo mecanismo distractor.

Por último, es claro que la ‘equidad’ no es más que un eufemismo. Colombia es uno de los países más desiguales del planeta, y ese nivel tan escandaloso de desigualdad es resultado de las políticas que se refuerzan en el nuevo plan. En un momento histórico en que el debate sobre la desigualdad social recobra vigencia en todo el mundo, el gobierno colombiano va en contravía de las posiciones que buscan mayor igualdad social y garantía de derechos.


Alberto Castilla
Senador de la Republica.
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leidyblue06@hotmail.com (Comunicaciones PUP) Debates de Control Thu, 19 Feb 2015 16:56:36 -0500